Denunciaron a funcionarios de Río Negro por responsabilidad en el ataque de Lago Escondido
"Además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión también hay responsabilidad política, porque se dejó actuar", argumentó la exsenadora por la provincia Magdalena Odarda.
Por Amparo Beraza05-02-2023 | 15:22
Los empleados de Lewis que atacaron a los manifestantes. /Foto: Pepe Mateos. La abogada y exsenadora por RÃo Negro Magdalena Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció penalmente a los empleados del magnate británico Joe Lewis por los "ataques contra los manifestantes que quisieron acceder por el camino público de TacuifÃ" y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de PolicÃa, Osvaldo Telleria, por "omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas".
La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del TacuifÃ, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.
"No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de RÃo Negro ha garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión", explicó la única amparista en la causa.
Las ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel.
Entre los heridos derivados estaban el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.
La denunciante, Magdalena Odarda, es una de las promotoras del amparo para el acceso al lago. /Foto: Marcelo Ochoa.
Para Odarda, la violencia contra los militantes se dio porque Joe Lewis encuentra "garantÃas en el poder polÃtico de RÃo Negro" que permiten que "haya un cierre total del acceso seguro y público de Tacuifà para todas las personas":
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido por Tacuifà en las tierras que posee el magnate británico en ese paraje cordillerano y el gobierno de RÃo Negro encabezado por Arabela Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
"El cierre total del acceso lo habÃamos denunciado hace un año, durante la pandemia se construyó ese vallado con alambre de púas y cámaras de seguridad, en remplazo a la tranquera", indicó la abogada.
Además, agregó que el vallado fue construido "a plena luz del sol, con maquinarias y camiones dela empresa Hidden Lake".
"En un lugar dónde pasan constantemente funcionarios, asà que todos fueron testigos del vallado", aseguró.
La abogada explicó a esta agencia que el camino de Tacuifà existÃa "antes que Lewis compre el campo" y que la mansión que ostenta el empresario fue construida justo encima del mismo.
Según Odarda, esto significarÃa para Lewis "perder totalmente la privacidad que le ha dado el poder polÃtico para utilizarlo como un paraÃso privado".
La única amparista en la causa indicó que se ha propuesto al magnate realizar un desvÃo del camino para llegar al Lago sin pasar por la mansión, pero que hasta ahora no ha sido aceptado.
Actualmente, la exsenadora y su equipo se encuentran esperando una respuesta por la recusación presentada contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia que llevan al causa por el acceso público al camino de TacuifÃ.
Odarda, quien presentó un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció a los cinco jueces que componen el Tribunal Superior de Justicia de la provincia por "parcialidad" y pidió sus recusaciones por considerar que tienen "relación directa con el poder polÃtico" local.
El fallo de la Justicia
En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido en las tierras que posee el magnate británico Joe Lewis en ese paraje cordillerano y el gobierno de RÃo Negro encabezado por Carreras apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.
En este sentido, Odarda, quien hace 18 años presentó un amparo para garantizar el acceso a esa tierras que se encuentran en conflicto con la justicia, denuncia que los jueces del tribunal superior de RÃo Negro "tienen relación directa con el poder polÃtico de la provincia".
"La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artÃculo 18 de la Constitución Nacional", indicaron los letrados en el texto que presentaron.
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