El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, transfirió todas las operaciones de transporte interjurisdiccional de pasajeros a un modelo de competencia sin restricciones de entrada para nuevos actores. Con este cambio, la licencia que habilita a realizar transporte interjurisdiccional en el país dejará de ser obligatoria en los próximos meses, y se habilitarán operaciones tras una notificación de cinco días a través de una plataforma digital. También se eliminó el límite de 10 años en la vigencia de los permisos, un aspecto que flexibiliza aún más la entrada y salida del mercado para nuevas empresas.

CELADI sostiene que el costo económico de brindar pasajes gratuitos representa una carga desproporcionada sin el respaldo de subsidios estatales, que anteriormente compensaban parcialmente este tipo de servicios. Argumentan que el cumplimiento de la normativa en el contexto de desregulación impone una competencia desigual entre las empresas, dado que los nuevos operadores pueden evadir estas obligaciones y aun así ofrecer los mismos servicios. Según el vocero Gustavo Gaona, CELADI solicitó una reglamentación que establezca “igualdad de condiciones” para todos los actores del sector, instando al Estado a asumir un rol de mediador en la cuestión.